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Desde hace años, la economía española sufre de un estado de enfermedad crónico caracterizado por bajo crecimiento, poca inflación y una sociedad envejecida. Síntomas totalmente destructivos para el devenir de cualquier sistema socio-económico.
La enfermedad tiene su raíz en una nefasta intervención del Banco Central Europeo en la política monetaria del viejo continente
Ahondada en España por medidas de los gobiernos basadas en manipulación del mercado laboral y agresivas subidas del gasto público.
Y lo peor es que conocemos las consecuencias de este virus al ser un fiel reflejo de lo que lleva sucediendo tres décadas en Japón. Donde la economía navega en un océano constante de estancamiento y recesión. Donde la riqueza y los recursos no son capaces de redistribuirse de forma natural de sectores obsoletos a sectores emergentes por no existir un entorno de libertad y flexibilidad económica.
Tampoco nos va a sorprender que los gobiernos pasen por alto estas evidencias y continúen prometiendo reformas populistas de intervención en el mercado; tales como subir el salario mínimo interprofesional (SMI), dar subsidios para la incorporación al mundo laboral o encarecer el coste del despido. Medidas que para mucha población desinformada suenan a avance y progreso, sin darse cuenta de las nocivas consecuencias que traen para el medio y largo plazo.
Y es normal, ya que los políticos tienden a pensar siempre en el voto y no en las secuelas de sus políticas
La economía española es cada vez más rígida y con el poco margen de actuación del BCE apuntamos a una recesión de las gordas y de la que será tremendamente complicado salir sino empezamos a liberalizar tanto el mercado monetario como el laboral. No tiene ningún sentido ahogar a los empresarios y no dejar que la oferta y la demanda se equilibren de acuerdo a las exigencias de cada proyecto. Cada vez que pongamos trabas para la contratación o despido, cada vez que impongamos un determinado salario (independientemente de la salud del negocio), cada vez que inyectemos dinero público en el mercado, estaremos desequilibrando las exigencias de la economía y, por tanto, perjudicando su desarrollo.
El cambio de rumbo no es sencillo, pero sí necesario
A pesar de la poca transcendencia que pueda tener este artículo en el marco de actuación político, planteo varias medidas que ojalá algún día se pongan a debate:
- Reducir agresivamente la burocracia para crear proyectos y actividades económicas: Un estudio de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) recoge que España es de los países del mundo con más peso burocrático para particulares, empresas y autónomos. La regulación que debe cumplir la actividad económica es totalmente abusiva y desproporcionada y lo único que hace es perjudicar la creación de riqueza.
- Reducir los impuestos tanto a las empresas como a los beneficios que generan: Es importante ir quitando carga fiscal a empresas para atraer y fomentar tanto la inversión nacional como extranjera.
- Por consiguiente, reducir progresivamente el gasto público del estado: A diferencia de lo que ha hecho Donald Trump, toda bajada de impuestos debe ir acompañada de reducción del gasto público sino se quiere disparar la deuda. Y este punto merece, obviamente, un análisis aparte y mucho más detallado, pero se puede reducir y mucho, empezando por medidas suaves como eliminar subvenciones (que suponen 14.000 millones anuales) o reducir el peso autonómico.
- Desregularizar la economía y liberalizar el mercado laboral: España lleva una tendencia peligrosa a aumentar la regulación en el mercado laboral y en la economía en general, cuando debe ser justamente al revés. Un mercado manipulado y rígido es muy nocivo para el emprendedor y el creador de riqueza, figura por la cual debe girar cualquier economía. Si buscamos favorecer el libre mercado, serán tanto el empresario como el trabajador los que salgan beneficiados.
Sin embargo, como ya hemos dicho, parece que vamos justo en la dirección opuesta, con gobiernos cada vez más intervencionistas y con una economía lastrada por la mala planificación del Banco Central, que se está quedando sin campo de actuación antes de una probable situación de recesión económica. Y estos síntomas ya los vivió Japón hace dos décadas.
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