El Senado aprueba reforma histórica que protege a trabajadores con discapacidad sobrevenida

El Senado ha dado luz verde este martes, con un apoyo prácticamente unánime, a una reforma legislativa que marca un antes y un después en la protección de los derechos laborales de las personas con discapacidad sobrevenida.

Con 251 votos a favor y solo tres en contra, la Cámara Alta ha aprobado el dictamen del proyecto de ley que pone fin a la extinción automática del contrato de trabajo por incapacidad permanente, una práctica que hasta ahora dejaba fuera del mercado laboral a quienes enfrentaban una discapacidad sobrevenida.

Un cambio largamente esperado por el Cermi para la discapacidad sobrevenida

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) llevaba años reclamando una modificación en este sentido. Su demanda fue finalmente acogida por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en 2023. El acuerdo entre el Gobierno y el Cermi cristalizó en una propuesta que fue aprobada por el Consejo de Ministros y que ahora se convierte en ley.

Durante el debate parlamentario, Vicente Tirado (PP), presidente de la Comisión de Trabajo y Economía Social, destacó el cambio de paradigma que supone esta reforma: “Las personas con discapacidad dejarán de tener un papel pasivo en su destino laboral para convertirse en agentes activos”.

Teresa Ruiz, también del PP, valoró positivamente el contenido del texto por la discapacidad sobrevenida, aunque criticó al Gobierno por no haber presentado esta medida con anterioridad. Desde el PSOE, Rocío Briones subrayó la urgencia de aprobar la reforma “cuanto antes” para devolver esperanza y dignidad a un colectivo históricamente discriminado en el ámbito laboral.

Paloma Gómez, senadora de Vox, justificó el veto de su partido alertando de una supuesta “inseguridad jurídica” derivada de la nueva normativa. Aseguró que la propuesta requería ajustes adicionales antes de ser aprobada y pidió “prudencia”, algo que, según ella, escasea entre quienes respaldaron la medida.

Cambios en el Estatuto de los Trabajadores y criterios de adaptación

La reforma implica una modificación del artículo 49.1.e) del Estatuto de los Trabajadores, que elimina la referencia a la extinción automática del contrato por incapacidad permanente, sea esta absoluta, total o gran invalidez. A partir de ahora, la extinción del contrato dejará de ser una imposición unilateral por parte del empleador y se supeditará a la voluntad del trabajador.

El nuevo marco legal que contempla la discapacidad sobrevenida permite que la persona afectada solicite adaptaciones razonables en su puesto de trabajo o un cambio a otro puesto compatible con su situación. Además, se contemplan criterios claros para valorar si dichas adaptaciones representan un coste excesivo para la empresa, teniendo en cuenta su tamaño y la posibilidad de recibir ayudas o subvenciones públicas.

Compromisos futuros del Gobierno

Durante su tramitación en el Congreso, también se acordó que, en un plazo máximo de seis meses, el Ejecutivo presentará una propuesta de modificación de la normativa de Seguridad Social para mejorar la compatibilidad entre trabajo e incapacidad permanente.

Asimismo, en un periodo de 12 meses y en el marco del Pacto de Toledo y el diálogo social, se elaborará una propuesta para garantizar que miembros de cuerpos como la Guardia Civil, Policía Nacional y las Fuerzas Armadas puedan adaptar o cambiar su puesto ante situaciones de discapacidad sobrevenida.

Una victoria para la inclusión

La aprobación de esta ley supone un paso firme hacia la igualdad de oportunidades en el empleo para las personas con discapacidad sobrevenida o no. Más allá del respaldo político casi total, el verdadero triunfo es para quienes, hasta ahora, eran excluidos automáticamente del mercado laboral por razones médicas, sin margen para decidir sobre su futuro profesional. Hoy, esa realidad empieza a cambiar.