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Canarias y Extremadura son dos de los territorios que acumulan mayor retraso para obtener la valoración del grado de discapacidad. Concretamente, un periodo de dos años. Andalucía y Castilla-La Mancha le siguen con 18 meses. Las causas principales son la escasez de personal seguida de un procedimiento lento y difícil.
Estos son uno de los datos del informe ‘Cermi ESPACIO DIGITAL. Territorios conectados’ que se elaboró a partir de la información obtenida por los Cermis Autonómicos, en el que se analizó el tiempo medio para obtener la valoración del grado de discapacidad, desde que se solicita, en comunidades y ciudades autónomas.
El informe examina el tiempo máximo en meses para emitir la resolución en 2023. El plazo máximo oscila entre los dos años de Canarias y Extremadura y los 18 meses de Andalucía, Castilla-La Mancha y Asturias, los cinco territorios que acapararon mayor tardanza.
La mayor demora para recibir la valoración del grado de discapacidad la tienen las CCAA de Canarias y Extremadura
En particular, y diferenciando los datos por provincias/ciudades, el informe revela que Badajoz, Cádiz y Granada, Albacete y Toledo y Avilés fueron los que mayor dilatación en el tiempo presentaron a la hora de conseguir el grado de discapacidad.
Asimismo, el informe incluyó una tabla que ordena de mayor a menor las Comunidades y Ciudades autónomas atendiendo al tiempo máximo para obtener la resolución del grado de discapacidad y también recogió la formación política que gobierna en cada territorio.
Finalmente, se mostró un mapa que refleja cómo el 94,74 % de los territorios tiene como causa principal de esta demora la escasez de personal y el 78,95 % se debe a la existencia de procedimientos lentos y complejos. Según este informe, la insuficiencia de centros no es una causa tan determinante en el retraso en la valoración, siendo esta del 36,84 %.
El Cermi Estatal remitirá este informe al Defensor del Pueblo con la petición de que investigue estas dilaciones, que causan un enorme perjuicio a las personas con discapacidad y a sus familias, ya que la valoración del grado de discapacidad es la puerta de acceso al sistema de apoyos y prestaciones de las administraciones públicas que se reciben por razón de discapacidad en España.
Reconocimiento de derechos y beneficios importantes para la calidad de vida de la persona con discapacidad
Esta de más recordar que la valoración y reconocimiento del grado de discapacidad hace posible que la persona que presente condiciones físicas, mentales, intelectuales o sensoriales impiden la participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.
Por tanto, al no existir un dictamen único de la causa, cada persona lleva reconocido un grado distinto, en los que se tiene en cuenta una serie de parámetros funcionales y sociales.
El reconocimiento de dicho dictamen es muy importante, ya que determina si la persona con discapacidad puede obtener ayudas para terapias, transporte o facilidades laborales, que irán variando según el porcentaje de discapacidad.
Así, obtener una valoración del grado de discapacidad igual o superior al 33 %, presenta beneficios fiscales en el IRPF, medicamentos gratuitos, reducciones de precios en transporte público, ventajas para acceder a una vivienda pública o protegida, jubilaciones anticipadas, ampliación de permiso de maternidad o becas para estudios, por lo que su demora en diferentes territorios de España golpea los derechos y la igualdad de estas personas.
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