Graves violaciones de derechos humanos en El Salvador: impacto de las nuevas reformas

Desde la instauración del régimen de excepción en marzo de 2022, El Salvador ha experimentado un preocupante incremento en las violaciones de derechos humanos. Con más de 84,000 detenciones, muchas de ellas arbitrarias, y cientos de denuncias por torturas, desapariciones forzadas y muertes bajo custodia estatal, la situación se ha tornado crítica. En este marco de represión, el pasado 12 de febrero de 2025, la Asamblea Legislativa aprobó una serie de reformas que facilitan la perpetuación de estos abusos, afectando gravemente a la población, incluyendo a menores de edad.

Reformas que agravan la situación de los derechos humanos

Las modificaciones a la Ley Penitenciaria, la Ley Penal Juvenil y la Ley contra el Crimen Organizado han endurecido el sistema penal, eliminando salvaguardas y permitiendo condiciones aún más punitivas para los privados de libertad. Especialmente preocupante es el impacto sobre niños, niñas y adolescentes, quienes, de acuerdo con informes de organizaciones de derechos humanos, están siendo sometidos a procesos judiciales sin garantías suficientes, condenas desproporcionadas y condiciones carcelarias inadecuadas.

Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, advirtió sobre la gravedad de estas reformas, señalando que han institucionalizado la privación de libertad como única respuesta estatal, incluyendo a menores de edad. Según sus declaraciones, el uso del aparato legislativo para consolidar un modelo represivo demuestra que el régimen de excepción ya no es temporal, sino una estrategia gubernamental de largo plazo.

Infancia y adolescencia en un sistema punitivo

Desde la implementación del régimen de excepción, se ha documentado la detención de más de 1,000 niños, niñas y adolescentes, principalmente bajo acusaciones de pertenencia a grupos criminales. En muchos casos, los procesos han estado marcados por la ausencia de pruebas suficientes y presiones para aceptar culpabilidad.

Las recientes reformas de los derechos humanos permiten que adolescentes condenados por delitos relacionados con el crimen organizado sean trasladados a cárceles para adultos, gestionadas por la Dirección General de Centros Penales. Esto contradice directamente estándares internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) y las Reglas de Beijing, que establecen que los menores en conflicto con la ley deben recibir un tratamiento diferenciado y enfocado en la rehabilitación.

Además, la Ley Penitenciaria ahora contempla la creación de sectores especiales dentro de las cárceles para jóvenes menores de 18 años y adultos hasta los 21 años, sin garantizar condiciones adecuadas de protección y reinserción. Esta medida no previene la violencia ni el abuso y tampoco asegura acceso a programas educativos y de rehabilitación, esenciales para la reintegración social.

Endurecimiento de penas y eliminación de beneficios penitenciarios

Otro aspecto preocupante es la reforma a la Ley del Crimen Organizado, que elimina el acceso a beneficios penitenciarios como la libertad condicional para condenados por delitos contemplados en esta legislación, sin importar si son menores de edad o adultos. Esto contradice principios internacionales como las Reglas de Mandela y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establecen la reinserción como un pilar fundamental del sistema penitenciario.

Este nuevo marco legal consolida un modelo de encarcelamiento basado en el castigo, sin mecanismos efectivos de supervisión judicial. En lugar de mejorar la seguridad y garantizar justicia, estas reformas refuerzan las violaciones al debido proceso y aumentan el riesgo de tortura y tratos inhumanos en los centros de detención.

Llamado a la comunidad internacional

Ante esta crisis, Amnistía Internacional insta a las autoridades salvadoreñas a permitir la supervisión independiente de organismos internacionales de derechos humanos en los centros penitenciarios. Asimismo, hace un llamado a la comunidad internacional para establecer mecanismos de monitoreo que documenten la situación y ejerzan presión para revertir estas reformas.

El Salvador debe garantizar que su sistema penitenciario cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos. La represión masiva y la restricción de garantías procesales no pueden ser la base de una política de seguridad efectiva. Urge la implementación de estrategias que prioricen la rehabilitación y la protección de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, especialmente de la niñez y la juventud.