Un informe sobre violencia infantil en España insta a la implementación urgente de la Ley Lopivi

Un informe elaborado por Educo y la Universidad Pontificia Comillas destaca la urgencia de que la Ley Integral de Protección a la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia (Lopivi), aprobada en junio de 2021, se desarrolle y aplique lo antes posible con el fin de prevenir diversas formas de abuso infantil.

Para sensibilizar tanto a la sociedad como a las instituciones sobre la necesidad de acelerar su implementación, los autores del informe han estimado que la violencia sexual contra menores en España genera un costo mínimo anual de 4.500 millones de euros, equivalente al 0,31 % del PIB.

Urgencia por invertir en la prevención y atención de la violencia sexual contra la infancia

Laura Barroso, investigadora de la Cátedra de Derechos del Niño en la Universidad Pontificia Comillas, comentó que el informe titulado '¿Cuánto cuesta mirar hacia otro lado? Los costes de la violencia sexual contra la infancia y adolescencia', elaborado por Educo y dicha cátedra, busca "visibilizar que es un problema que requiere inversión para prevenirlo, detectarlo de forma temprana y atender adecuadamente a las víctimas".

Barroso añadió que, aunque algunos daños son difíciles de medir y tienen una magnitud que no se puede traducir en términos económicos, parece que tanto la sociedad como las administraciones comprenden mejor la gravedad del problema a través de cifras. El estudio refleja "cifras mínimas", ya que "existen muchos costes ocultos que no se pueden cuantificar".

"La ley fue un gran avance, introdujo elementos novedosos, pero el desafío ahora es lograr que se aplique de manera efectiva mediante el desarrollo normativo necesario. La historia no termina con la aprobación de la ley, como sociedad tenemos un reto importante", enfatizó.

Los altos costes del tratamiento de las víctimas y la persistencia de trastornos mentales

El informe '¿Cuánto cuesta mirar hacia otro lado?' incluye costos relacionados con el tratamiento que las víctimas deben asumir, como las sesiones con psicólogos, donde a menudo se detectan casos que antes no habían sido revelados, lo que resalta la importancia de la prevención.

El documento también indica, basándose en datos de otros estudios, que muchos problemas de salud mental persisten a lo largo del tiempo: “Las víctimas de abuso sexual infantil pueden presentar en la edad adulta una tasa de trastornos mentales 2,4 veces mayor que quienes no han sufrido este maltrato”.

La mayor vulnerabilidad de los niños con discapacidad

Barroso señaló además que investigaciones previas han demostrado que "los niños con discapacidad son más vulnerables a la violencia sexual", como también lo subraya el informe ‘Ojos que no quieren ver’ de Save the Children.

La investigadora planteó la necesidad de explorar más a fondo la relación entre violencia y discapacidad, y sugirió que la investigación no se limite únicamente a la sexual, sino que se extienda a otras formas de violencia que podrían estar interrelacionadas, con el objetivo de ponerlas también en el centro de atención.