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Acceder a una vivienda en España se ha convertido en un reto cada vez más complejo, hasta el punto de que una parte significativa de la población necesita ayuda externa para lograrlo. Según una encuesta elaborada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el 39 % de los españoles ha tenido que recurrir a familiares o amigos para poder alquilar o comprar una casa. Este dato refleja con claridad la presión económica que supone el mercado inmobiliario actual.
El estudio, basado en una muestra representativa de personas de entre 25 y 79 años, pone de manifiesto lo que la organización describe como un “excesivo esfuerzo” para acceder a una vivienda. Esta dificultad no distingue entre modalidades, ya que afecta tanto a quienes buscan alquilar como a quienes intentan adquirir una propiedad.
Los jóvenes, los más afectados
La situación es especialmente complicada para los grupos más jóvenes. Entre los encuestados de 25 a 44 años, hasta la mitad, un 50 %, reconoce haber necesitado algún tipo de ayuda económica que no proviene de entidades bancarias. Este dato evidencia que las condiciones actuales del mercado resultan especialmente exigentes para quienes se encuentran en etapas iniciales de su vida laboral o con menor capacidad de ahorro.
En contraste, entre las personas de mayor edad, concretamente entre los 60 y los 79 años, el porcentaje de quienes necesitaron apoyo se reduce al 31 %. Sin embargo, este grupo desempeña un papel clave en el sistema de ayuda familiar, ya que también son quienes más contribuyen económicamente a sus descendientes.
Uno de los aspectos más llamativos del informe es el peso de la solidaridad familiar en el acceso a la vivienda. Según los datos, uno de cada dos integrantes del grupo de mayor edad ha ayudado económicamente a sus hijos para facilitarles la compra o el alquiler de una casa. Esta dinámica revela cómo el acceso a la vivienda depende, en muchos casos, de los recursos acumulados por generaciones anteriores.
En cuanto a las formas de ayuda más habituales, destacan dos modalidades principales: los préstamos sin intereses y las donaciones directas de dinero, ambas con un 11 % de incidencia. En estos casos, el importe medio recibido por los beneficiarios en los últimos cinco años asciende a 26.000 euros, una cifra considerable que puede marcar la diferencia entre acceder o no a una vivienda.
Otras fórmulas de ayuda
Más allá de las aportaciones económicas directas, existen otras vías de ayuda que también resultan relevantes. El aval bancario, utilizado en el 10 % de los casos, es una herramienta frecuente para facilitar la concesión de hipotecas o contratos de alquiler.
Asimismo, un 8 % de los encuestados ha podido acceder a una vivienda mediante la cesión temporal por parte de familiares o amigos o a través de alquileres por debajo del precio de mercado.
Estas alternativas reflejan la necesidad de recurrir a soluciones informales o familiares ante la dificultad de cumplir con las exigencias del mercado inmobiliario.
Un problema estructural de oferta
Para la OCU, los resultados de la encuesta no son casuales, sino el reflejo de un problema estructural: la falta de un parque de vivienda suficiente y asequible. La organización advierte de que la demanda no ha dejado de crecer en los últimos años y continuará haciéndolo, lo que agrava aún más la situación.
En este contexto, los datos son reveladores. Solo en 2025 se crearon 258.000 nuevos hogares, lo que incrementa la presión sobre una oferta que ya es limitada. La situación es especialmente preocupante en el ámbito de la vivienda pública: frente a un déficit estimado de 750.000 viviendas, ese mismo año solo se registraron 12.858 calificaciones definitivas de vivienda de protección oficial (VPO).
Ante este panorama, la OCU reclama un compromiso firme por parte de todas las administraciones públicas. La organización aboga por la puesta en marcha de un plan de vivienda ambicioso que contemple tanto la construcción de nuevas viviendas como la movilización de aquellas que permanecen vacías. Asimismo, insiste en la necesidad de eliminar trabas burocráticas que dificultan el desarrollo de proyectos inmobiliarios.
Además, se subraya la importancia de garantizar la seguridad jurídica tanto para propietarios como para inquilinos. En este sentido, se propone la implementación de compensaciones rápidas y automáticas, o medidas equivalentes, para aquellos propietarios que se vean afectados por retrasos en la recuperación de sus viviendas en casos de impago o de ocupación por parte de personas vulnerables.
Vigilancia frente a abusos
Por último, la organización también pone el foco en la necesidad de reforzar el control sobre posibles abusos en el mercado del alquiler. Entre las prácticas denunciadas se encuentran los cobros indebidos, la exigencia de garantías excesivas, la no devolución de fianzas sin justificación o el incumplimiento de las obligaciones de mantenimiento por parte de los propietarios.
En conjunto, el informe dibuja un escenario en el que acceder a una vivienda en España depende cada vez más del entorno familiar y la ayuda que nos puedan brindar, evidenciando un desequilibrio entre oferta y demanda que, de no corregirse, podría intensificarse en los próximos años.
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