Atención a la discapacidad en Canarias en riesgo por falta de fondos

La asociación Plena Inclusión Canarias ha alertado sobre el riesgo de cierre en los servicios de atención a personas con discapacidad intelectual que ofrece, debido a la falta de financiación por parte del Gobierno de Canarias.

Esta organización gestiona alrededor de 2.000 plazas en las islas, atendiendo a personas con necesidades especiales. Sin un aumento en el presupuesto asignado, la continuidad de estas ayudas esenciales podría verse comprometida.

La presidenta de Plena Inclusión Canarias, Carmen Laucirica, y la gerente, Natalia Cañeque, han pedido una reunión urgente con el presidente canario, Fernando Clavijo, y otros funcionarios clave para alcanzar un compromiso que permita mantener los servicios en los presupuestos autonómicos de 2025.

Plena Inclusión solicita un incremento de fondos para sus servicios

Según Plena Inclusión Canarias, para asegurar la sostenibilidad de sus servicios, es necesario un incremento del 30 % en los fondos destinados a hogares funcionales y transporte; un 20 % para recursos alojativos y centros de día; y un 10 % para el resto de servicios, más un aumento salarial del 9,98 % como lo establece el convenio colectivo.

Laucirica ha subrayado que esta actualización debería realizarse anualmente para cubrir el costo real de los servicios. En este contexto, el aumento de presupuesto solicitado por la asociación busca evitar una situación de "quiebra técnica" que obligaría a los familiares a asumir costos que deberían estar cubiertos por el Gobierno de Canarias, pues se trata de plazas públicas.

Esta organización representa a 28 entidades que asisten a unas 4.500 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo en el archipiélago. La falta de financiación afecta directamente a la calidad de vida de estas personas, ya que sin una actualización presupuestaria, los servicios están en riesgo de desaparecer. La asociación ha señalado que el Gobierno canario mantiene una "deuda histórica" con estas organizaciones, y aunque no esperan resolverla de inmediato, proponen un acuerdo que permita saldarla progresivamente.

Una demanda justa para los derechos de las personas con discapacidad

Además de reclamar esta actualización presupuestaria, Plena Inclusión Canarias también ha destacado el desfase económico entre el coste real de los servicios y lo que reciben en financiación. Por ejemplo, el transporte diario por persona tiene un coste de 16 euros, pero solo se reciben 7 euros, lo que genera un desfase significativo.

Esta situación afecta también a residencias de alto riesgo y a viviendas tuteladas, donde la financiación es insuficiente para cubrir el 100 % y el 24 % del coste, respectivamente.

Plena Inclusión Canarias ha pedido que el Gobierno actualice los costes pendientes de 2023 y resuelva de manera equitativa las necesidades de financiamiento. La situación es crítica, ya que no solo representa un problema económico sino que afecta derechos reconocidos en el catálogo de servicios sociales de Canarias. Laucirica recordó que el propio presidente Clavijo había admitido en su anterior legislatura que estos servicios estaban infrafinanciados. La asociación confía en que el Gobierno atienda esta demanda y asegure la sostenibilidad de los servicios que garantizan una vida digna para las personas con discapacidad en Canarias.