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En 2026, la Ley de Dependencia cumplirá 20 años, pero sigue teniendo grandes deficiencias. Hay 270.000 personas esperando ayuda, con muertes frecuentes en las listas de espera. Además, el tiempo de espera para recibir atención supera el año en promedio, y en algunas regiones, puede superar los dos años. Las prestaciones económicas y los servicios ofrecidos son claramente insuficientes, como los 264 euros al mes para cuidadoras no profesionales.
Un anteproyecto de cara a la Ley de Dependencia
En 2026, la Ley de Dependencia cumplirá 20 años, pero enfrenta serias deficiencias. Más de 270.000 personas están en listas de espera, con tiempos de espera que superan el año en promedio, y en algunas comunidades, más de dos años. Las ayudas económicas son insuficientes, como los 264 euros mensuales para las cuidadoras no profesionales.
El Gobierno ha aprobado un anteproyecto de ley de cara a la dependencia que introduce cambios para mejorar la situación. Se permitirán ayudas múltiples a la vez, como un centro de día y ayuda a domicilio.
Además, se reducirá el tiempo de espera para recibir la prestación económica, que será retroactiva. También se creará un catálogo de productos de apoyo para la autonomía, y se ofrecerán nuevas opciones de cuidado en viviendas con apoyo, donde las personas dependientes puedan vivir en grupos pequeños.
Uno de los cambios más relevantes es el derecho de la persona dependiente a decidir sobre los servicios que recibe y garantizar que pueda permanecer en su entorno elegido. Además, se agilizarán los trámites y se crearán procedimientos de urgencia para casos vulnerables. Sin embargo, expertos advierten que, sin un aumento de presupuesto, las mejoras pueden no ser suficientes para solucionar los problemas estructurales de la ley.
Derechos para las personas con necesidades
La nueva normativa sobre dependencia introduce varios derechos importantes para las personas con necesidades de cuidado. Por primera vez, la accesibilidad se reconoce como un derecho y no solo un principio. La teleasistencia se considera un derecho fundamental para todas las personas dependientes que viven en sus hogares.
Además, se establece que las obras para instalar ascensores en edificios serán obligatorias para garantizar la accesibilidad, y los vecinos podrán recurrir a la justicia para asegurar su ejecución.
Otro cambio significativo es el derecho a recibir atención sin sujeciones físicas o químicas, que solo podrán aplicarse en situaciones extremas y de manera proporcional, con el respaldo de una prescripción médica y el consentimiento informado.
A pesar de estas mejoras, el anteproyecto de la Ley de Dependencia, aún pendiente de aprobación, ha generado críticas, especialmente por la falta de aumento en la financiación.
La necesidad de apoyo económico
La Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales ha señalado que, sin un refuerzo económico, las reformas no serán suficientes para mejorar la atención domiciliaria, que sigue siendo insuficiente para las personas que requieren cuidados constantes.
En muchas ocasiones, este cuidado de dependencia recae sobre las mujeres, quienes representan tres de cada cuatro cuidadores. Sin un apoyo financiero adecuado, los derechos establecidos en la ley podrían no tener el impacto esperado.
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