El Gobierno aprueba la reforma para garantizar accesibilidad universal en viviendas

El Consejo de Ministros aprobó este martes el anteproyecto de reforma de la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social, así como de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia. Esta reforma establece la obligatoriedad de realizar todas las obras de accesibilidad en edificios de viviendas donde residan personas con discapacidad.

Así lo anunció en rueda de prensa la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, quien estuvo acompañada por el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, cuyo departamento lidera la iniciativa.

Según fuentes ministeriales, la propuesta busca alinear la legislación española con el nuevo artículo 49 de la Constitución, modificado hace un año y con la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. También pretende actualizar el Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD) para adaptarlo al modelo de cuidados impulsado por el Gobierno tras la pandemia.

Accesibilidad en viviendas

Uno de los cambios principales consiste en la modificación del artículo 10 de la Ley de Propiedad Horizontal para que las intervenciones destinadas a garantizar la accesibilidad universal sean obligatorias, al igual que las obras relacionadas con la seguridad o la impermeabilidad de los edificios.

Se estima que unas 100.000 personas mayores o con discapacidad se encuentran confinadas en sus viviendas debido a problemas de facilidad de acceso, lo que en muchos casos las obliga a trasladarse a residencias. Para evitarlo, las administraciones responsables de vivienda deberán facilitar ayudas y subvenciones para financiar dichas obras. Además, las comunidades de vecinos estarán obligadas a solicitar estas opciones de financiación si los propietarios las proponen. Si se niegan, los afectados podrán recurrir a la justicia.

Desde el Ministerio subrayan que la reforma no solo busca eliminar barreras arquitectónicas, sino garantizar la accesibilidad universal en un sentido amplio. Por ejemplo, se contempla la instalación de videoporteros cuando un vecino con discapacidad auditiva lo requiera.

Asimismo, la nueva ley reducirá del 75 % al 70 % el porcentaje del coste de las obras que los vecinos deberán asumir antes de recibir una subvención. También se modificará el periodo máximo de repercusión de las 12 mensualidades de gastos comunes para obras accesibles, permitiendo que se extienda tantos años como lo permitan las opciones de financiación disponibles.

La salud inclusiva

En el ámbito sanitario, el anteproyecto refuerza la adaptabilidad dentro del Sistema Nacional de Salud, prohibiendo cualquier tipo de discriminación por discapacidad en la contratación de seguros de salud o de vida. Además, regula el derecho a la autonomía personal, la vida independiente y la inclusión en la comunidad mediante servicios de rehabilitación y habilitación. También garantiza el respeto a la libre elección de las personas con discapacidad sobre su lugar de residencia y con quién desean vivir.

En materia educativa, el texto refuerza el derecho a una educación inclusiva, fomenta una imagen social positiva de las personas con discapacidad y clarifica la normativa sobre ajustes razonables. También establece que las personas con discapacidad deberán contar con los apoyos necesarios en su interacción con el sistema sanitario, garantizando condiciones accesibles en diagnósticos, reconocimientos médicos y consentimiento para tratamientos. En caso de incumplimiento, podrán presentar denuncias ante los tribunales.

El anteproyecto prevé la creación de un Fondo Estatal de Accesibilidad Universal, destinado a financiar medidas como la instalación de rampas y códigos QR en espacios públicos. Según el Ministerio, España cuenta con una normativa, pero su aplicación se ve limitada por la falta de recursos. El fondo se nutrirá de tres fuentes: fondos de cuentas bancarias inactivas, multas por incumplimiento de la Ley General de Discapacidad y partidas del Programa Estatal de Accesibilidad incluidas en los Presupuestos Generales del Estado.

Además, se creará un registro estatal de tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad, con el objetivo de unificar los distintos modelos actuales y prevenir fraudes. El texto también dedica un apartado específico a mujeres y menores con discapacidad, en línea con la nueva redacción del artículo 49 de la Constitución.

La importancia de priorizar a las personas

Para reducir la burocracia, la ley reconocerá automáticamente un grado de discapacidad del 33 % a todas las personas con situación acreditada de dependencia, dado que el 98,5 % de ellas presentan alguna forma de discapacidad.

El texto también amplía la libertad de elección dentro del SAAD, permitiendo que los usuarios decidan qué apoyos desean recibir. En este sentido, no podrán ser sancionados si rechazan un servicio, como una plaza en una residencia, y tendrán derecho a participar en la elaboración de su Programa Individual de Apoyos (PIA).

Además, la reforma define y condena el capacitismo y la institucionalización forzosa. En esta línea, prohíbe espectáculos que ridiculicen a personas con discapacidad, como el "bombero torero", y los tipifica como infracciones muy graves, con sanciones de entre 600.000 y un millón de euros.

Sistemas de dependencia

El anteproyecto elimina algunos recortes introducidos en 2012 en el SAAD que aún no habían sido revertidos. En particular, pone fin a la incompatibilidad entre ciertas prestaciones, algo que muchas comunidades autónomas ya habían corregido, pero que seguía vigente a nivel estatal. No obstante, no contempla financiación adicional para el sistema.

También se amplía y refuerza la prestación de asistencia personal, que pasará de ser una ayuda económica a formar parte del catálogo de servicios. Así, las comunidades autónomas podrán ofrecerla directamente dentro de su cartera de servicios de promoción de la autonomía personal, en lugar de limitarse a subvencionar su coste.

Otro cambio importante es la eliminación del período de carencia de hasta dos años para recibir prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar. Asimismo, se amplían las funciones de la ayuda a domicilio, permitiendo que cubra tareas como hacer la compra o acompañar a consultas médicas.

La reforma también permitirá que personas sin parentesco puedan ejercer como cuidadores no profesionales de personas dependientes. Además, refuerza el acceso de estas personas a la teleasistencia avanzada y amplía las tipologías de vivienda en las que pueden recibir apoyo, incluyendo residencias compartidas y viviendas comunitarias, además de los domicilios particulares.

La reducción del copago

El anteproyecto establece que la vivienda habitual de una persona dependiente no se tendrá en cuenta para calcular su capacidad económica, ya que en muchos casos también es el hogar de otros familiares y no genera liquidez inmediata. Hasta ahora, este criterio hacía que algunos copagos fueran demasiado elevados, especialmente en residencias.

Además, se fijarán mínimos exentos de copago a nivel nacional, con criterios que serán revisados anualmente en el Consejo Interterritorial de Servicios Sociales, garantizando la accesibilidad a los servicios para todos los ciudadanos.

Finalmente, la ley obligará a que todos los trabajadores de centros que atiendan a personas mayores o con discapacidad presenten un certificado de antecedentes penales que acredite que no han cometido delitos de carácter sexual.