El Congreso pone fin a la incapacitación judicial por discapacidad

El Congreso de los Diputados ha aprobado la reforma que sustituye la incapacitación judicial de las personas con discapacidad intelectual por el apoyo, cambiando el sistema legal actual por otro basado en el respeto a la voluntad y las preferencias de estas personas.

Se suprime la incapacitación de personas con discapacidad

La Comisión de Justicia ha debatido para su aprobación, con competencia legislativa plena, el informe elaborado por la Ponencia sobre el Proyecto de Ley por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo al colectivo en el ejercicio de su capacidad jurídica.

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha afirmado que “hoy, por fin, se va a garantizar la igualdad ante la ley de las personas con discapacidad” y el respeto de su voluntad. Tras la aprobación en el Congreso, el texto deber pasar a la Comisión de Justicia del Senado, en la que se completaría su aprobación definitiva.

Por su parte, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha mostrado su “satisfacción” por la aprobación de esta norma y por “el consenso” con el que “se ha trabajado”.

Propone todo un sistema de apoyos individualizados

Esta reforma ha sido impulsada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y busca acabar con la incapacitación jurídica del colectivo y, en su lugar, propone todo un sistema de apoyos individualizados para que tomen sus decisiones de forma libre y autónoma.

Por tanto, quedan eliminados las figuras de la tutela, la patria potestad prorrogada y la patria potestad rehabilitada, consideradas como "poco adaptadas" al sistema de promoción de la autonomía de las personas adultas con discapacidad. En su lugar, el sistema de justicia deberá proporcionar a las personas que lo necesiten las ayudas y ajustes necesarios (con recursos técnicos, materiales y humanos) para llevar a cabo actos jurídicos tan diversos como casarse, comprar una vivienda o hacer testamento.

Como ha especificado el Cermi en varias ocasiones, el objetivo de esta reforma es adaptar la legislación civil española a la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que entre otros puntos establece su igualdad en cuanto a capacidad jurídica y prohíbe la discriminación en este ámbito.

La eliminación del término “minusválido” o “disminuido”

Los grupos del Senado presentaron más de 290 enmiendas al proyecto de ley, muchas de las cuales fueron incorporadas. En su redacción inicial, el proyecto de reforma incidía en siete leyes (el Código Civil, la Ley del Notariado, la de Enjuiciamiento Civil, la del Registro Civil, la Ley de Patrimonio, la de Jurisdicción Voluntaria y la Ley Hipotecaria). Ahora afecta también a la Ley de Comercio, puesto que uno de sus artículos será también modificado.

Otras modificaciones incluidas en el Senado tienen que ver con la eliminación del término “minusválido” o “disminuido” de todas las leyes; la introducción de medidas para que las personas con discapacidad puedan participar en los procesos judiciales “con garantías", de forma que puedan "entender y hacerse entender”, y la incorporación de la figura del “facilitador”, un experto que les ayudará a lo largo de todo el proceso.