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La comunidad de personas sordas y sordociegas, a través de la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), ha recordado que el cumplimiento de los derechos lingüísticos pasa inexorablemente por “avanzar hacia una mayor presencia pública y una creciente protección legal y administrativa de las lenguas de signos y sus expresiones culturales”.
En este sentido, es importante reconocer el impacto positivo que ha tenido la promulgación de la Ley 27/2007 a lo largo de estos 15 años de vigencia. Sin embargo, el derecho a la libre opción de las personas sordas al aprendizaje, conocimiento y uso de la lengua de signos española y la lengua de signos catalana que inspiró la creación de esta norma, sigue encontrando barreras.
Las lenguas de signos son la garantía de acceso a otras lenguas y al conocimiento en general
A este respecto, el desarrollo del futuro reglamento de esta ley debe ser prioritario, servir de modelo en todos los territorios, y contemplar una dotación económica suficiente para llevar a cabo las medidas que establece.
Es más, es vital que en su articulado se especifique que la labor del especialista en lenguas de signos sea desarrollada por profesionales sordos. Debemos defender tanto la calidad de la transmisión de la lengua de signos, como los puestos de trabajo ocupados por personas sordas.
Estas lenguas deben ser tenidas en cuenta para llevar a cabo la reconstrucción social y económica del país
Uno de los retos para las lenguas de signos sería avanzar en los estándares europeos para su protección y así poder hacer un seguimiento sobre la situación y evolución de estas lenguas.
Hablar de lengua de signos es hablar de derechos, de respeto al otro, de igualdad y de autodeterminación, y para avanzar en su normalización social se debe ir más allá de la Ley 23/2007: La comunidad de personas sordas y sordociegas quieren que esas lenguas se incluyan en la Constitución y en la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, y que se contemplen como una manifestación del patrimonio cultural inmaterial.
Sigue habiendo quienes intentan menospreciar las lenguas de signos y relegarlas a un injusto segundo lugar pero ya existe un borrador del reglamento de las lenguas de signos, que ha sido teñido del discurso de derechos humanos y de derechos fundamentales como manda la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. No debemos dejarlo atrás.
En lo que respecta a la educación, la CNLSE reclama una Estrategia Nacional sobre enseñanza, uso, protección y promoción de las lenguas de signos españolas que asegure su aprendizaje y aplicación en el ámbito de la atención temprana y en el sistema educativo, y que reconozca el derecho del alumnado sordo y sus familias a elegir una educación bilingüe de calidad en la que las lenguas de signos sean también vehiculares y curriculares.
#YoconlaLS
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