La historia de Miguel Bernad, Manos Limpias y los desafíos legales

Manos Limpias, un colectivo que se autodenomina sindicato de funcionarios públicos, se presenta como defensor de los intereses de sus afiliados. Sin embargo, fue fundado por un ex candidato del Frente Nacional y su principal actividad es presentar denuncias en casos mediáticos, actuando como acusación.

El colectivo Manos Limpias como defensa a los intereses de los funcionarios públicos

El colectivo Manos Limpias se presenta como una entidad sindical dedicada a la defensa de los intereses de los funcionarios públicos, tanto dentro como fuera del ámbito público. Sin embargo, su verdadera naturaleza se revela al examinar su fundación y sus acciones. 

Fundado en 1995 por Miguel Bernad, un ex candidato del partido Frente Nacional, Manos Limpias no cuenta con representación en ningún centro de trabajo, a pesar de autodenominarse sindicato.

El modus operandi más conocido es su participación en casos mediáticos de diversa índole, donde interponen denuncias y se personan como acusación particular. Además de utilizar los tribunales, el colectivo también se moviliza a través de medios de comunicación afines para promover su agenda.

En los últimos años, el colectivo ha estado involucrado en casos de alto perfil, como la denuncia contra Begoña Gómez, la esposa del presidente Pedro Sánchez, tras el acuerdo entre el gobierno y Junts per la Amnistia. 

También se ha involucrado en la investigación del rescate de la aerolínea Plus Ultra y en casos anteriores como el caso Nóos, donde se investigaba a Iñaki Urdangarín, o el escándalo de las tarjetas black.

Estas acciones han generado controversia y críticas hacia el colectivo, cuestionando su legitimidad como sindicato y su papel en el sistema judicial español.

Controversias y problemas judiciales

La historia del colectivo está salpicada de controversias y problemas judiciales que han puesto en entredicho la integridad y el modus operandi de esta organización. 

Uno de los episodios más destacados tuvo lugar en 2007, cuando el Tribunal Supremo archivó una querella presentada por el colectivo contra el juez de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo, en relación con los atentados del 11-M. 

En su resolución, el Supremo no solo desestimó la querella, sino que también instó a los juzgados ordinarios a investigar a Manos Limpias por posibles denuncias falsas, señalando que la única base de sus acusaciones eran fuentes periodísticas.

Sin embargo, los problemas legales de Manos Limpias no terminaron ahí. En 2016, la Audiencia Nacional inició una investigación contra el líder de la organización, Miguel Bernad, por presunta extorsión a empresas y bancos en colaboración con la asociación de consumidores Ausbanc, dirigida por Luis Pineda. 

Según las acusaciones, Manos Limpias y Ausbanc interponían denuncias y luego solicitaban dinero a las empresas implicadas a cambio de retirarlas.

Este caso culminó en una sentencia en la que el presidente de Ausbanc fue condenado a ocho años de prisión, mientras que Miguel Bernad, del propio colectivo, recibió una condena de cuatro años por extorsión y estafa.

¿Qué sucedió finalmente?

Sin embargo, en 2024, el Tribunal Supremo revocó estas condenas y absolvió a ambos acusados. El tribunal argumentó que, si bien las presiones ejercidas por Luis Pineda podrían ser moralmente censurables, no alcanzaban el nivel de intimidación requerido por la ley, ya que no implicaban violencia.

Esta decisión del Supremo generó un debate sobre los límites de la ley en casos de este tipo y sus implicaciones para la justicia y la ética en el sistema legal español.