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La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, resaltó el pasado jueves que su departamento está elaborando una normativa para fortalecer la protección de los derechos de las empleadas de hogar. Entre las medidas, se contempla la opción de que, si así lo desean, puedan acceder a reconocimientos médicos sin coste alguno para los particulares que las contratan.
En una entrevista concedida a Onda Cero, la vicepresidenta segunda especificó que "las normas no van de obligar", subrayando así el enfoque de la normativa en proceso. Además, señaló que actualmente se está trabajando en la aplicación práctica de una norma previamente aprobada para cumplir con el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual aborda las condiciones de trabajo en el empleo doméstico.
La vicepresidenta segunda admite sentirse orgullosa de la nueva normativa
"Una de las regulaciones que me llena de mayor satisfacción es aquella que se encarga de salvaguardar los derechos de las mujeres que laboran en el ámbito doméstico", afirmó Díaz. Además, subrayó la importancia de garantizar que estas trabajadoras gocen de todos los derechos relacionados con la prevención de riesgos laborales, resaltando así su compromiso con la equidad y la protección laboral.
En sus declaraciones, la vicepresidenta segunda enfatizó la urgente necesidad de otorgar a las trabajadoras del hogar el reconocimiento laboral que merecen, equiparable también al que disfrutan otros trabajadores en diferentes sectores. Este reconocimiento no solo abarca aspectos tangibles como tener salarios justos y condiciones laborales adecuadas, sino también la consideración y la compensación por las enfermedades profesionales que puedan derivarse de sus tareas.
Igualdad de Derechos para las Trabajadoras Domésticas
Su objetivo declarado es establecer una igualdad de derechos para las mujeres que desempeñan labores domésticas, extendiéndose incluso a aquellas que brindan atención a personas en situación de dependencia. Esta equiparación pretende abordar las disparidades históricas y las desigualdades arraigadas en este ámbito laboral, garantizando que todas las trabajadoras, sin importar el contexto de su empleo, sean tratadas con dignidad y justicia.
Es importante destacar que estas medidas se implementarán sin generar costes adicionales para los empleadores de los hogares. La vicepresidenta segunda aseguró que esta iniciativa será totalmente gratuita para aquellos que contratan los servicios de estas trabajadoras, reforzando así el compromiso del gobierno con la equidad y la protección de los derechos laborales de un sector tradicionalmente “marginado”.
En la opinión de la vicepresidenta segunda, fue un debate significativo analizar cómo garantizar la protección de las empleadas del hogar, quienes, debido a su condición de mujeres, fueron despojadas de ciertos derechos por el “legislador español, a lo largo del siglo XX y XI, que decidió excluirlos”. Sin embargo, es alentador destacar que se han corregido estas injusticias en su momento, y ahora nos comprometemos a cumplir con el Convenio 189 de la OIT, como afirmó la vicepresidenta segunda.
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