Derechos reconocidos y derechos efectivos: la brecha en la justicia social

En febrero se aprobó en Consejo de Ministros el anteproyecto de reforma de la Lapad (conocida como ley de la dependencia). Una ley que nació en 2006 y que supuso un grandísimo avance en el reconocimiento de derechos al colectivo dependiente hoy se presenta con una ampliación de esos derechos y garantizando el cumplimiento de estos.

En los 18 años de la ley, se han atendido dentro del sistema de atención a la dependencia a 3.699.078 personas, pero se han quedado sin asistir 900.000 que han fallecido en las listas de espera.

Procedimientos burocráticos complicados, bajas cuantías de las prestaciones, insuficiente intensidad de los servicios, imposibilidad para compatibilizar prestaciones; si a todo esto le sumamos una deficiente financiación y una injusta desigualdad territorial, nos encontramos con un mapa de realidad en el que el número de personas demandantes registra un incremento sostenido año a año; con casi un año de media en el tiempo de tramitación de la dependencia (a lo que hay que añadir el tiempo que se tarda después en hacer efectiva la prestación o servicio concedido) y con una reducción de las cuantías de las prestaciones.

Les doy un dato: en el año 2010, el gasto por persona/año atendida ascendía a 8.145 euros; en 2024 la cuantía se ha reducido en un 26,6 % hasta los 5.982 euros.

¿Por qué los derechos sociales son los pobres de los Presupuestos Generales del Estado? 

Las sociedades modernas han avanzado en la creación de marcos legales que reconocen una amplia variedad de derechos fundamentales: educación, sanidad, trabajo digno, igualdad y protección social, entre otros. Sin embargo, la existencia de estos derechos en las leyes no siempre garantiza su cumplimiento real.

Reconocidos no siempre significan garantizados

A diario, millones de personas encuentran dificultades para hacer efectivos sus derechos debido a barreras burocráticas, falta de recursos, desconocimiento o falta de voluntad política. Esta brecha genera desigualdad y dificulta el acceso a la justicia.

Aunque están recogidos en leyes nacionales e internacionales, en la práctica existen numerosas barreras que impiden su cumplimiento:

• Desigualdad económica y social: No todas las personas tienen las mismas oportunidades para acceder a sus derechos, ya sea por razones económicas, género, origen o discapacidad.
• Burocracia y falta de acceso a la justicia: En muchos casos, hacer valer un derecho requiere largos procesos administrativos o judiciales, lo que desanima a quienes más lo necesitan.
• Falta de información.
• Falta de voluntad política: Aunque las leyes existen, a menudo no se destinan los recursos necesarios para garantizar su cumplimiento.

Estos obstáculos evidencian la necesidad de reforzar las políticas públicas.

Cómo garantizar que sean realmente efectivos

• Mejorar la educación y la información: Es clave que las personas conozcan a qué tienen derecho y cómo defenderlo.
• Reducir la burocracia y facilitar el acceso a la justicia: Procesos más ágiles y accesibles.
• Mayor inversión en políticas sociales: Más recursos adecuados.
• Compromiso real de las instituciones: Es necesario que los gobiernos y organismos internacionales trabajen activamente.