¿Cuáles son las consecuencias de no llevar a los hijos al colegio?

Las Comunidades Autónomas toman esta semana el pulso definitivo a las medidas impuestas para afrontar la Educación en modo presencial. La tensión entre los diversos territorios, el Ejecutivo y la incertidumbre ante un panorama inédito en España causado por una pandemia que se encuentra en aumento tras finalizar el estado de alarma.

Cuando la información es escasa y las medidas tomadas son modificadas por otras poco tiempo después, la falta de confianza se impregna entre las familias que observan con desasosiego la vuelta al colegio 20/21.

¿Qué indican desde CSIF?

El presidente de CSIF Educación, Mario Gutiérrez, ha explicado que la pandemia de Covid-19 está mostrando "las deficiencias en el sistema educativo", por lo que ha exigido que los 2.000 millones que el Gobierno central ha transferido a las CCAA para educación sirvan "no para parchear un curso, sino como espolón de salida para preparar el sistema moderno y las reformas que consideramos". "Pedimos 40.000 docentes más que se incorporen de manera estable, una ley dentro de un pacto para que sea estable, y una inversión mínima por alumno de 5.800 euros/año", ha afirmado.

Incertidumbre en las familias

Durante el mes de agosto, han surgido varias plataformas que, ante una vuelta al colegio incierta y poco segura, aseguraban que con estas condiciones sus hijos no comenzarían el curso. También afloran las familias que apuestan por el homeschooling, sin conocer que es una medida no autorizada en nuestra Constitución. En estos días, las redes sociales en las últimas semanas han viralizado estos mensajes y su fuerza se ha multiplicado. Ante esta presión de las familias, el Gobierno insiste en manifestar que: ir a clase es un derecho de los niños, no una decisión que puedan tomar los padres.

Por su parte, la Fiscalía de Menores advirtió a los progenitores que la escolarización de los menores es obligatoria entre los seis y 16 años. Y que los padres que incumplan la obligación de forma injustificada se enfrentan a consecuencias penales, si bien el ministerio público subrayó este viernes que tendrá en cuenta las circunstancias personales del alumno absentista, así como el estado de salud de los familiares con quienes conviva, a la hora de valorar cada caso.

Desde la asociación Jueces y Juezas por la Democracia, la magistradaAscensión Martín, explica en La Opinión de Murcia, ante esta situación, que el caso sería similar a cuando "alguien no quiere que a su hijo le hagan una transfusión de sangre y un juez acuerda que sí" porque corre peligro la vida del menor. De esta manera, los padres que apuesten por fomentar el absentismo escolar se enfrentan a penas de cárcel, multas y, en casos extremos, a la pérdida de la patria potestad.

Por su parte, la Asociación por la Libre Educación (ALE),  argumentan en estos días que tienen unas 400 familias asociadas. El País, publica que, su presidenta, Marta Arnau, dice, sin embargo, que en las últimas semanas están recibiendo un aluvión de llamadas y mensajes de personas interesadas en el homeschooling. Y el abogado y profesor de la Universidad Europea de Valencia Jorge Sánchez-Tarazaga, que asesora a la asociación, cuenta que el jueves llegó a tener una videoconferencia con un centenar de personas interesadas en conocer las consecuencias legales que puede acarrearles dejar de llevar a los niños al colegio.

¿Qué recoge el Código Penal sobre el absentismo escolar?

El Código Penal castiga "al que dejare de cumplir los deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar o de prestar la asistencia necesaria legalmente establecida para el sustento de sus descendientes". Recoge el texto que "el incumplimiento de tales deberes acarrea una pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses", así como que el juez "podrá imponer, motivadamente, al reo una pena de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho a la patria potestad, tutela, guarda, o acogimiento familiar por un periodo de tiempo de cuatro a diez años".

Con respecto a la no escolarización, el Tribunal Constitucional zanjó en 2010 el debate jurídico al rechazar el recurso de unos padres de Málaga que no querían escolarizar a sus hijos. El abogado Sánchez-Tarazaga explica ante esta situación que la única manera de que el homeschooling pudiera practicarse con tranquilidad en España pasaría por cambiar la ley.