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Somos plenamente conscientes del daño económico que se está provocando a todos los sectores pero sufren especialmente, todos los negocios del sector del ocio nocturno, bares, salas de fiesta y discotecas, que han estado cerrados mucho tiempo.
Todos estos establecimientos parece que comienzan a ver la luz a través del túnel. Sin embargo, cuando parecía llegar la 'nueva normalidad', la presión hospitalaria y la incidencia acumulada crecen en la mayor parte de España.
Mientras se asienta la diferencia entre inmunizados y no inmunizados para identificar qué parte de la población se contagia, Galicia ha empezado a exigir PCR para entrar en bares y discotecas, Extremadura no obligará a observar el cierre perimetral a quienes estén vacunados, y la Comunitat Valenciana quiere pedir el 'pasaporte Covid' para poder acceder a eventos culturales.
El sector del ocio y la cultura asoma nuevas medidas, mientras los expertos sanitarios y juristas advierten de que son "discriminatorias"
La inesperada evolución de la pandemia, con una quinta ola que se ceba con los jóvenes y, a este paso, con la recuperación del ocio y el turismo, está dando lugar a que los gobiernos autonómicos tomen medidas para intentar mantener la actividad relacionada con el ocio para quienes no es probable que se contagien y limitarla solo a quienes aún no están desprotegidos.
Todas tienen en común el intento de asegurar que la entrada en determinados locales o la participación en determinados eventos no supone un peligro de contagio, pero al permitir la entrada de unos ciudadanos y no la de otros, pueden incurrir en lo que los expertos consideran un trato desigual.
Muchos temían que el 'pasaporte Covid' se utilizase para otros fines que no fuesen el turismo
El digital 20 Minutos ha publicado las reflexiones de varios expertos: "Es lo que denominamos una pendiente resbaladiza, un instrumento se crea con un fin y vamos a ver cómo se va a utilizar para otros fines", apunta David Larios, presidente de la Asociación Juristas de la Salud, sobre la idea que defiende el Gobierno valenciano, para que el 'pasaporte Covid', que se creó para facilitar los viajes por la UE, se convierta en un 'portero' que permita o cierre la entrada a determinados espacios.
Dejando al margen la discriminación que puede implicar, varias empresas dedicadas a la promoción de festivales de música y conciertos ponen el foco en la amenaza de ruina que se cierne sobre el sector y consideran que pedir el 'pasaporte Covid' para acceder a esta clase de eventos es "una de las mejores soluciones" a la situación catastrófica que atraviesa el sector después ante el segundo verano de pandemia.
Sin embargo, este documento que la UE se cuidó de que no fuera discriminatorio acaba de convertirse en Francia en un elemento obligatorio para poder acreditar que se está vacunado y así acceder a cafés, teatros o restaurantes. Con ello, París ha querido -con éxito, a tenor de la avalancha para vacunarse- reducir las cifras de población que rechaza el pinchazo. Sin embargo, la Comunitat Valenciana ha tomado el guante para pedir al Gobierno central que permita que el 'pasaporte Covid' sea exigible para algo más que para viajar. Así se dará "tranquilidad y seguridad" a los asistentes a determinados tipos de eventos o espacios, según defendió hace unos días su consellera de Sanitat, Ana Barceló.
¿Qué pasa con la gente que todavía no han tenido acceso a la vacunación?
En su último catálogo de medidas contra la quinta ola, la Xunta de Galicia incluyó la obligación de que para entrar en pubs y discotecas de los municipios más afectados sea obligatorio presentar una PCR negativa. Aquí no se pide vacuna, pero sí se añade, al coste de salir una noche, los alrededor de 100 euros que cuesta una de estas pruebas.
La Junta de Extremadura decretó cierres perimetrales en tres localidades, que no tendrán que respetar quienes puedan acreditar estar vacunados con pauta completa. Ellos sí podrán entrar y salir de los municipios que estén cerrados y para ello deberán demostrarlo "de manera fehaciente", según explicó el consejero extremeño de Sanidad, José María Vergeles.
Hay un elemento claro de discriminación en estas medidas. Si fuera porque todo el mundo que ha querido está vacunado y el pinchazo es voluntario, esta 'carga' tiene más sentido, pero en un contexto donde hay población sin vacunar aunque quiera es desproporcionado y discriminatorio con los que no es que no hayan querido, sino que no han podido.
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