Siete diócesis españolas podrían enfrentar sanciones de hasta 150.000 euros por promover terapias de conversión

Recientemente, siete diócesis españolas han sido notificadas de posibles sanciones por promover terapias de conversión, prácticas que buscan cambiar la orientación sexual o identidad de género de las personas.

Estas terapias de conversión son ampliamente condenadas por organizaciones internacionales de salud y derechos humanos, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), debido a los daños psicológicos y emocionales que pueden causar. En España, estas prácticas están siendo cada vez más cuestionadas, y la legislación está tomando un enfoque más firme contra ellas.

Las sanciones, que podrían ascender a hasta 150.000 euros, son el resultado de investigaciones que han revelado que algunas diócesis y organizaciones religiosas están promoviendo estas terapias de conversión a pesar de que están prohibidas en varias comunidades autónomas españolas. En particular, la Ley de Igualdad LGTB de algunas regiones, como la Comunidad Valenciana, prohíbe explícitamente cualquier tipo de intervención que intente cambiar la orientación sexual de una persona, argumentando que tales prácticas son discriminatorias y violan los derechos humanos.

Este tipo de terapia ha sido muy controvertido, ya que se considera una forma de "curar" lo que no es una enfermedad. Aunque en algunos contextos religiosos o culturales se sigue defendiendo la idea de que la homosexualidad o las identidades de género diversas deben ser modificadas, el consenso científico y psicológico actual rechaza tajantemente estos métodos, al considerarlos dañinos. Diversos estudios han mostrado que las personas que han sido sometidas a estas terapias de conversión suelen sufrir problemas de ansiedad, depresión e incluso pensamientos suicidas.

El hecho de que las diócesis españolas enfrenten sanciones también refleja un cambio cultural y legal en el país hacia una mayor protección de los derechos de las personas LGTB+. Las autoridades están poniendo énfasis en la necesidad de proteger a todos los individuos de prácticas que, además de no ser efectivas, pueden tener consecuencias devastadoras para su bienestar mental y emocional.

Por otro lado, algunas organizaciones religiosas en España argumentan que las sanciones pueden atentar contra la libertad religiosa y de expresión. Sin embargo, los defensores de los derechos humanos consideran que la protección de las personas vulnerables debe prevalecer sobre las creencias o prácticas religiosas que impliquen discriminación o abuso.

Este caso pone de manifiesto un tema crucial: la tensión entre la libertad religiosa y los derechos humanos, en particular los derechos de las personas LGTB+, que siguen luchando por la igualdad y la protección frente a la discriminación en diversos ámbitos de la vida pública.

Terapias de conversión: definición y sanciones

Las terapias de conversión, según la asociación No Es Terapia, son prácticas que buscan modificar o eliminar la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona. La ONU las considera como "humillantes, degradantes y discriminatorias", rechazando su efectividad y los daños que pueden causar a quienes las sufren.

En España, siete diócesis han sido denunciadas por promover estas terapias. Las diócesis involucradas se encuentran en las ciudades de Madrid, Barcelona, Alcalá de Henares, Sigüenza-Guadalajara, Getafe, Valencia y Málaga. La denuncia ha sido presentada por la asociación No Es Terapia, presidida por Saúl Castro, aunque es el Ministerio de Igualdad el encargado de abrir el expediente correspondiente.

La ley trans y LGTBI estatal establece que la promoción de las terapias de conversión es una infracción muy grave, con sanciones que van desde los 10.001 hasta los 150.000 euros. En caso de confirmarse la infracción, será el Consejo de Ministros quien determine las sanciones.

Este no es el primer caso de denuncia relacionado con terapias de conversión, pero sí es el primero bajo el marco de la ley trans y LGTBI. Aunque la legislación estatal solo lleva dos años en vigor, ya existían leyes autonómicas que permitían sancionar estas prácticas. A pesar de las denuncias anteriores, aún no se ha aplicado ninguna sanción efectiva en el país.